Las hipotecas madrileñas serán 'más transparentes' a partir de este año

Las hipotecas madrileñas deberán ser 'más transparentes' a partir de este año, cuando se apruebe el Anteproyecto de Ley de Transparencia Hipotecaria que el último Consejo de Gobierno de la Comunidad, celebrado el pasado 29 de diciembre, remitió a la Asamblea de Madrid para su tramitación tan pronto como se inicie el periodo de sesiones.

Una ley que ha sufrido algunas modificaciones con el dictamen del Consejo Consultivo, paso necesario para su aprobación, cuyas sugerencias, según el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, "se han centrado en el análisis de la oferta vinculante".

"Las dos cuestiones han sido aclarar que la entidad financiera no va a estar obligada a dar una oferta vinculante al cliente. Por otro lado, lo que se ha decidido es aclarar que si entre la oferta vinculante y el contrato que se hace hay alguna discrepancia, la entidad financiera estará obligada a decir qué discrepancias ha introducido (para que consten de forma explícita)", explicó el pasado jueves.

Según el consejero, "este Proyecto de Ley está basado en que el consumidor tiene que estar completamente informado de sus obligaciones y de las consecuencias de un impago, así como del patrimonio con el que sería responsable de no pagar la hipoteca". LA LEY

El anteproyecto de Ley contempla que los consumidores deberán disponer previamente a la firma del contrato de la información necesaria para su correcta comprensión. Por este motivo, se exige a las empresas o entidades de crédito que, con carácter previo a la oferta, faciliten por escrito al consumidor una información "especialmente detallada" en la que se identifique la identidad concedente, el tipo de crédito o préstamo a percibir, el importe total estimativo y las obligaciones que el consumidor contraerá en caso de la formalización del contrato.

Deberá por tanto incluirse la especificación de si el contratante de estos productos incluye como garantía la vivienda hipotecada y el resto de los bienes del comprador o si la única garantía es la vivienda (dación en pago).

El texto exige que esta información sea redactada de manera "transparente, clara, concreta y sencilla, utilizando el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura". La empresa o entidad que concede el préstamo o crédito con garantía hipotecaria deberá acreditar de forma fehaciente la entrega al consumidor de toda la información con carácter previo a la oferta. SANCIONES

Tras las tasaciones del bien hipotecado y, en su caso, de las oportunas comprobaciones sobre la situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario, las entidades financieras deberán efectuar una oferta que tendrán que hacer llegar al consumidor en los mismos términos que la información previa a dicha oferta (o, como ha explicado el consejero, explicitando los cambios).

Además, una vez que acepte la oferta, la Ley garantiza al consumidor el derecho a examinar el proyecto de documento contractual con una antelación mínima a tres días hábiles anteriores a la firma de la escritura pública en el despacho del notario.

La ley contempla sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones especificadas sobre el procedimiento de contratación, así como en caso de discrepancia entre la oferta vinculante y el proyecto de documento contractual. Estas sanciones pueden ser calificadas como leves, graves o muy graves, pudiendo alcanzar en este último caso los 600.000 euros.

Leve repunte en los impagos de las hipotecas de particulares

[ad#adse_post]A pesar de la fuerte crisis económica e inmobiliaria en la que sigue sumergida España, la morosidad de las hipotecas a particulares se mantiene en cotas relativamente moderadas: cerró el tercer trimestre en el 2,68%.
El repunte de la mora de las hipotecas en el tercer trimestre fue de 17 puntos básicos, según los datos publicados esta mañana por el Banco de España. El crédito total concedido a particulares para la vivienda es de 655.734 millones, de los que 17.579 millones son dudosos.
El saldo crediticio para esta finalidad se ha contraído en 3.265 millones en este periodo, mientras que, medida en términos interanuales, el descenso es del 1%.
Los particulares tienen cada vez más dificultades para que su banco o caja les conceda una hipoteca. Tras los excesos de los años del boom, que han llevado a la actual situación, las entidades se han puesto muy estrictas con los criterios de riesgo para conceder créditos. No conceden hipotecas con loan to value (porcentaje que representa el crédito sobre el valor de tasación del inmueble) superior al 80% y que supongan un esfuerzo de más del 40% sobre los ingresos del hogar.
Además, bancos y cajas, afectados por las dificultades de financiación, reservan los escasos recursos disponibles para financiar sus viviendas. En estos casos, la financiación sí puede llegar al 100% del valor del inmueble.

Leve repunte en los impagos de las hipotecas de particulares

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El repunte de la mora de las hipotecas en el tercer trimestre fue de 17 puntos básicos, según los datos publicados esta mañana por el Banco de España. El crédito total concedido a particulares para la vivienda es de 655.734 millones, de los que 17.579 millones son dudosos.
El saldo crediticio para esta finalidad se ha contraído en 3.265 millones en este periodo, mientras que, medida en términos interanuales, el descenso es del 1%.
Los particulares tienen cada vez más dificultades para que su banco o caja les conceda una hipoteca. Tras los excesos de los años del boom, que han llevado a la actual situación, las entidades se han puesto muy estrictas con los criterios de riesgo para conceder créditos. No conceden hipotecas con loan to value (porcentaje que representa el crédito sobre el valor de tasación del inmueble) superior al 80% y que supongan un esfuerzo de más del 40% sobre los ingresos del hogar.
Además, bancos y cajas, afectados por las dificultades de financiación, reservan los escasos recursos disponibles para financiar sus viviendas. En estos casos, la financiación sí puede llegar al 100% del valor del inmueble.

Los notarios, contra las tarifas abusivas al cancelar hipotecas

[ad#adse_post]JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ El Colegio de Notarios de Andalucía animó ayer a todos los clientes que cancelen hipotecas a comprobar en sus notarías que no se les cobra por encima de las cantidades legalmente establecidas y a poner en conocimiento de esta institución cualquier tarifa que consideran abusiva para investigar el asunto y, en caso de que efectivamente proceda, conseguir que se les devuelva ese dinero.

El aviso coincide con la entrada en vigor hace algo más de un mes €concretamente el pasado 14 de noviembre€ de un Real Decreto Ley publicado en el BOE que aclara una normativa anterior de 2007 y que establece ahora que, en el caso de los notarios el importe máximo que pueden percibir por la cancelación es de 55,05 euros, y en el de los registradores, de 24,04 euros, lo que arroja una suma de 79,09 euros.

Un estudio de la OCU realizado a nivel nacional el pasado mes de septiembre detectó, sin embargo, casos de cobros medios de 144 euros por parte de registradores y de 260 en notarías.

El representante por Málaga en el Colegio de Notarios de Andalucía, Emilio Beltrán, explica que, de cualquier forma, los problemas con esta legislación han sido muy puntuales y que las quejas de clientes por aranceles excesivos que han sido estudiados en el seno del organismo colegial han sido muy pocos en los últimos tres años, en torno a una quincena de casos. «En el 100% de los casos se ha dado la razón al cliente y la notaría ha tenido que devolver el dinero», comenta.

El origen del problema es, a juicio de los notarios, que la legislación de 2007 era «muy ambigua y daba pie a diferentes interpretaciones». La normativa buscaba por entonces dinamizar el mercado hipotecario para lo que se otorgó a las cancelaciones de hipoteca la tarifa de «documento sin cuantía», la más asequible de todas. Sin embargo, no precisaba si esa tarifa había que aplicarla sólo a las cancelaciones subrogatorias (cuando la hipoteca cambia de entidad) o también para aquellas que se cancelan definitivamente tras terminar de abonar su cuantía completa. Algunos notarios entendieron que la norma sólo apelaba al primero de los casos, por lo que siguieron cobrando las tarifas normales en el resto de casos.

Sin embargo, ya en 2008 la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia aclaró que la condición de «documento sin cuantía» debía de aplicarse a todas las cancelaciones, lo que aclaró el panorama.

Beltrán comenta que ya cuando se produjo esta aclaración de criterio, el Colegio Andaluz emitió una circular que se trasladó a las 600 notarías de la comunidad, y reitera que a partir de ese momento los problemas vinculados a esta cuestión han sido mínimos. Claro está que el Colegio sólo tiene constancia de los casos en el que los clientes interponen una queja ante el Servicio de Atención al Usuario (SAU) de este organismo. Si el cliente no reclama no hay caso.

La OCU publicó el pasado mes de septiembre un estudio realizado a partir de 83 operaciones de cancelación de hipotecas €42 minutas notariales y 41 registrales€ facilitadas por sus asociados de casi toda España, aunque principalmente de Madrid y Cataluña. El estudio revelaba que la mayoría de las minutas eran incorrectas.

El delegado de Ausbanc en Málaga, Alfredo Martínez, constata que se han producido prácticas «abusivas» y añade que en muchos casos para el cliente ha sido más difícil detectarlas ya que el trámite con la notaría y registrador lo hacía la propia entidad financiera del cliente. Por ello recomienda asesorarse y reclamar ante cualquier sospecha de tarifa inflada.

En la provincia de Málaga se cancelaron registralmente más de 24.000 hipotecas en 2010. Este año, al mes de septiembre, van casi 15.800.

Los notarios, contra las tarifas abusivas al cancelar hipotecas

[ad#adse_post]JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ El Colegio de Notarios de Andalucía animó ayer a todos los clientes que cancelen hipotecas a comprobar en sus notarías que no se les cobra por encima de las cantidades legalmente establecidas y a poner en conocimiento de esta institución cualquier tarifa que consideran abusiva para investigar el asunto y, en caso de que efectivamente proceda, conseguir que se les devuelva ese dinero.

El aviso coincide con la entrada en vigor hace algo más de un mes €concretamente el pasado 14 de noviembre€ de un Real Decreto Ley publicado en el BOE que aclara una normativa anterior de 2007 y que establece ahora que, en el caso de los notarios el importe máximo que pueden percibir por la cancelación es de 55,05 euros, y en el de los registradores, de 24,04 euros, lo que arroja una suma de 79,09 euros.

Un estudio de la OCU realizado a nivel nacional el pasado mes de septiembre detectó, sin embargo, casos de cobros medios de 144 euros por parte de registradores y de 260 en notarías.

El representante por Málaga en el Colegio de Notarios de Andalucía, Emilio Beltrán, explica que, de cualquier forma, los problemas con esta legislación han sido muy puntuales y que las quejas de clientes por aranceles excesivos que han sido estudiados en el seno del organismo colegial han sido muy pocos en los últimos tres años, en torno a una quincena de casos. «En el 100% de los casos se ha dado la razón al cliente y la notaría ha tenido que devolver el dinero», comenta.

El origen del problema es, a juicio de los notarios, que la legislación de 2007 era «muy ambigua y daba pie a diferentes interpretaciones». La normativa buscaba por entonces dinamizar el mercado hipotecario para lo que se otorgó a las cancelaciones de hipoteca la tarifa de «documento sin cuantía», la más asequible de todas. Sin embargo, no precisaba si esa tarifa había que aplicarla sólo a las cancelaciones subrogatorias (cuando la hipoteca cambia de entidad) o también para aquellas que se cancelan definitivamente tras terminar de abonar su cuantía completa. Algunos notarios entendieron que la norma sólo apelaba al primero de los casos, por lo que siguieron cobrando las tarifas normales en el resto de casos.

Sin embargo, ya en 2008 la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia aclaró que la condición de «documento sin cuantía» debía de aplicarse a todas las cancelaciones, lo que aclaró el panorama.

Beltrán comenta que ya cuando se produjo esta aclaración de criterio, el Colegio Andaluz emitió una circular que se trasladó a las 600 notarías de la comunidad, y reitera que a partir de ese momento los problemas vinculados a esta cuestión han sido mínimos. Claro está que el Colegio sólo tiene constancia de los casos en el que los clientes interponen una queja ante el Servicio de Atención al Usuario (SAU) de este organismo. Si el cliente no reclama no hay caso.

La OCU publicó el pasado mes de septiembre un estudio realizado a partir de 83 operaciones de cancelación de hipotecas €42 minutas notariales y 41 registrales€ facilitadas por sus asociados de casi toda España, aunque principalmente de Madrid y Cataluña. El estudio revelaba que la mayoría de las minutas eran incorrectas.

El delegado de Ausbanc en Málaga, Alfredo Martínez, constata que se han producido prácticas «abusivas» y añade que en muchos casos para el cliente ha sido más difícil detectarlas ya que el trámite con la notaría y registrador lo hacía la propia entidad financiera del cliente. Por ello recomienda asesorarse y reclamar ante cualquier sospecha de tarifa inflada.

En la provincia de Málaga se cancelaron registralmente más de 24.000 hipotecas en 2010. Este año, al mes de septiembre, van casi 15.800.

Dudas de que el PP recupere la desgravación por vivienda

Una de las medidas estrella del programa del PP giró en torno al mayor incentivo fiscal que se puede dar para la compra de una vivienda. Prometió que recuperaría la desgravación por adquisición de un piso para todas las rentas. Desde el pasado 1 de enero, ya no la tienen aquellos que compren una casa y ganen más de 24.000 euros al año. Pero diferentes expertos dudan de que pueda cumplir su promesa.

La UE no permitirá que un Estado con problemas para cumplir el objetivo de déficit pierda miles de millones al año en desgravaciones cuando tendrá que hacer más recorte de gastos y aumentar los ingresos, previsiblemente con subidas de impuestos.

"Dudo que Europa nos deje recuperar la desgravación por vivienda habitual porque afecta a las cuentas públicas a largo plazo", señaló ayer en un encuentro con periodistas Carlos Ferrer-Bonsoms, director de mercado residencial de Jones Lang LaSalle. Aunque, a su juicio, sería una medida que incentivaría la demanda de vivienda, ahora en mínimos.

Otros expertos consultados coinciden en que es complicada la vuelta de este incentivo fiscal como estaba antes de 2011. Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, apuntó que las razones son que "no va a tener efecto como para reactivar el mercado inmobiliario porque no hay demanda" y "que no será políticamente bien visto por Europa".

Aunque también hay voces que opinan lo contrario. Míkel Echavarren, consejero delegado de Irea, consideró que el PP "sí va a recuperar esta desgravación y en un corto plazo de tiempo, aunque englobada dentro de un paquete de medidas que incluya alguna subida de impuestos" para que lo que cuestan al Estado estas deducciones se compense con los ingresos extra por alzas de otros tributos, por ejemplo, el IVA.

Dudas de que el PP recupere la desgravación por vivienda

Una de las medidas estrella del programa del PP giró en torno al mayor incentivo fiscal que se puede dar para la compra de una vivienda. Prometió que recuperaría la desgravación por adquisición de un piso para todas las rentas. Desde el pasado 1 de enero, ya no la tienen aquellos que compren una casa y ganen más de 24.000 euros al año. Pero diferentes expertos dudan de que pueda cumplir su promesa.

La UE no permitirá que un Estado con problemas para cumplir el objetivo de déficit pierda miles de millones al año en desgravaciones cuando tendrá que hacer más recorte de gastos y aumentar los ingresos, previsiblemente con subidas de impuestos.

"Dudo que Europa nos deje recuperar la desgravación por vivienda habitual porque afecta a las cuentas públicas a largo plazo", señaló ayer en un encuentro con periodistas Carlos Ferrer-Bonsoms, director de mercado residencial de Jones Lang LaSalle. Aunque, a su juicio, sería una medida que incentivaría la demanda de vivienda, ahora en mínimos.

Otros expertos consultados coinciden en que es complicada la vuelta de este incentivo fiscal como estaba antes de 2011. Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, apuntó que las razones son que "no va a tener efecto como para reactivar el mercado inmobiliario porque no hay demanda" y "que no será políticamente bien visto por Europa".

Aunque también hay voces que opinan lo contrario. Míkel Echavarren, consejero delegado de Irea, consideró que el PP "sí va a recuperar esta desgravación y en un corto plazo de tiempo, aunque englobada dentro de un paquete de medidas que incluya alguna subida de impuestos" para que lo que cuestan al Estado estas deducciones se compense con los ingresos extra por alzas de otros tributos, por ejemplo, el IVA.